El derribo del vuelo de Malaysia Airlines MH17 en el este de Ucrania, con 298 muertos, puede considerarse un crimen de guerra, según ha afirmado este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
El misil que hizo estrellarse al avión el 17 de julio fue "una violación del derecho internacional" y, dadas las circunstancias, "puede ser un crimen de guerra", según Pillay, que ha pedido una investigación "completa e independiente" sobre este hecho.
La ONU ha estimado que 1.129 personas han sido asesinadas en la guerra civil ucraniana, donde los combates entre las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes prorrusos se han intensificado en las últimas semanas. Además, 3.442 personas han resultado heridas en el violento conflicto que, según cálculos del Gobierno de Kiev, requerirá al menos 750 millones de dólares en costes de reconstrucción.
"La situación en el este es desesperada, con 104 edificios en manos de grupos armados, de los que 24 son instalaciones militares, 16 sedes administrativas y de autoridades locales, 16 del Ministerio del Interior y 7 de los Servicios de Seguridad", precisa el informe de la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania.
Los grupos armados prorrusos que combaten en el este de Ucrania con fines separatistas se han "profesionalizado" y se están uniendo bajo un comando unificado de líderes que, en muchos casos, son de nacionalidad rusa, ha revelado el documento. "Están entrenados y curtidos por la experiencia en conflictos como los de Chechenia y Transnistria (Moldavia)".
Las milicias cuentan con morteros y artillería antiaérea, tanques, vehículos blindado y minas, según los observadores en el terreno, que aseguran que las milicias siguen cometiendo secuestros, detenciones, torturas y ejecutando a rehenes para intimidar al resto "y ejercer su poder sobre la población de manera brutal". Los rebeldes están ejerciendo un severo control sobre los medios de comunicación, amenazando con represalias si no cubren "de manera positiva" sus actividades o si utilizan las palabras 'separatistas' o 'terrorismo'.
Los observadores creen que puede haber un nuevo éxodo en la península de Crimea (anexada por Rusia en marzo) en los próximos meses, debido a las restricciones y acoso que sufren las minorías de ucranianos y tártaros. Estos grupos tienen limitados sus derechos de reunión, de asociación y de expresión, y la ONU estima que representan alrededor del 15% de los 100.000 desplazados internos en Ucrania.
La agencia de Naciones Unidas ha acusado a las fuerzas del Gobierno de Kiev de no hacer lo suficiente para impedir las víctimas civiles en sus operaciones militares contra los separatistas prorrusos y ha acusado a las fuerzas sublevadas de estar atacando deliberadamente instituciones públicas, explotaciones mineras y vías ferroviaras, además de robar bancos.
El misil que hizo estrellarse al avión el 17 de julio fue "una violación del derecho internacional" y, dadas las circunstancias, "puede ser un crimen de guerra", según Pillay, que ha pedido una investigación "completa e independiente" sobre este hecho.
La ONU ha estimado que 1.129 personas han sido asesinadas en la guerra civil ucraniana, donde los combates entre las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes prorrusos se han intensificado en las últimas semanas. Además, 3.442 personas han resultado heridas en el violento conflicto que, según cálculos del Gobierno de Kiev, requerirá al menos 750 millones de dólares en costes de reconstrucción.
"La situación en el este es desesperada, con 104 edificios en manos de grupos armados, de los que 24 son instalaciones militares, 16 sedes administrativas y de autoridades locales, 16 del Ministerio del Interior y 7 de los Servicios de Seguridad", precisa el informe de la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania.
Los grupos armados prorrusos que combaten en el este de Ucrania con fines separatistas se han "profesionalizado" y se están uniendo bajo un comando unificado de líderes que, en muchos casos, son de nacionalidad rusa, ha revelado el documento. "Están entrenados y curtidos por la experiencia en conflictos como los de Chechenia y Transnistria (Moldavia)".
Las milicias cuentan con morteros y artillería antiaérea, tanques, vehículos blindado y minas, según los observadores en el terreno, que aseguran que las milicias siguen cometiendo secuestros, detenciones, torturas y ejecutando a rehenes para intimidar al resto "y ejercer su poder sobre la población de manera brutal". Los rebeldes están ejerciendo un severo control sobre los medios de comunicación, amenazando con represalias si no cubren "de manera positiva" sus actividades o si utilizan las palabras 'separatistas' o 'terrorismo'.
Los observadores creen que puede haber un nuevo éxodo en la península de Crimea (anexada por Rusia en marzo) en los próximos meses, debido a las restricciones y acoso que sufren las minorías de ucranianos y tártaros. Estos grupos tienen limitados sus derechos de reunión, de asociación y de expresión, y la ONU estima que representan alrededor del 15% de los 100.000 desplazados internos en Ucrania.
La agencia de Naciones Unidas ha acusado a las fuerzas del Gobierno de Kiev de no hacer lo suficiente para impedir las víctimas civiles en sus operaciones militares contra los separatistas prorrusos y ha acusado a las fuerzas sublevadas de estar atacando deliberadamente instituciones públicas, explotaciones mineras y vías ferroviaras, además de robar bancos.
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